El 27 de febrero de 1989, una gran protesta popular en contra de las medidas neoliberales del gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP), que significaban mayor pobreza y miseria para el pueblo venezolano, terminó cuando miles de hombres y mujeres fueron asesinados por la represión militar y policial, enlutando a muchas familias.
Pero ese día fue sólo el detonante de una situación contenida.
A partir de 1970 los índices de pobreza en el país habían crecido de manera alarmante. La fuerza laboral campesina se redujo al 10 por ciento y en sólo tres años 600 mil personas emigraron a las ciudades.
Los trabajadores informales aumentaron de 34.4 por ciento en 1980 a 53 por ciento en 1989. La clase obrera industrial disminuyó ante la privatización total o parcial de sectores como las telecomunicaciones, los puertos, el petróleo, el aseo y las líneas aéreas.
El gigantesco endeudamiento con la banca internacional nos convertía en una sociedad de esclavos.
Fue así como en 1989, durante la segunda presidencia de CAP, se anuncia al pueblo venezolano que se implementaría un programa de medidas económicas neoliberales. Según las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El paquete, que incluía la privatización de empresas publicas, eliminación de las subvenciones y protección del Estado a empresas privadas y el fomento de la descentralización, también incluía el aumento en el precio de los servicios básicos como la luz eléctrica y la gasolina.
Por desesperación, el pueblo se lanzó a las calles para protestar ante tales medidas y CAP, reunido en Consejo de Ministros, ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército reprimir los disturbios.
Igualmente, decretó el estado de emergencia, previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961, con lo que quedaron suspendidas algunas garantías constitucionales durante los 10 días siguientes.
Al caer el ocaso del martes 28 comenzó el toque de queda más cruento de la historia de Venezuela.
La fosa común llamada LA PESTE fue el testigo y acusador de esta masacre inmensurable.
El Caracazo no sólo fue una respuesta a las medidas impuestas por el FMI y acatadas por el gobierno de Pérez, sino también la expresión popular que no tenía forma de canalizar su descontento ante la corrupción generalizada y la crisis generada por los gobiernos de la IV República.
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